El pasado miércoles 30 de octubre la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares (FCAVAH) junto con organizaciones sindicales, PSOE, IU, EQUO y ciudadanos de Alcalá, acudimos al acto convocado desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) y apoyada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Esta ley aleja a los ciudadanos de las administraciones y deja que la gestión recaiga en las Diputaciones, una institución que no brilla por ser lo más democrática, o en las comunidades autónomas en aquellas que son uniprovinciales.
Para finalizar se leyó el siguiente manifiesto elaborado por la FCAVAH:
Por la Democracia Local y los Derechos Sociales
El pasado 26 de julio el gobierno aprobó el ante-proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, según el Gobierno, tiene por objeto determinar las competencias municipales, “racionalizar” las estructuras locales de acuerdo a criterios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, establecer un control financiero y presupuestario sobre las entidades locales y favorecer la liberalizar las actividades económicas locales.
El Consejo de Estado informó de la posible inconstitucionalidad del vaciamiento de competencias de los ayuntamientos y de su traslado a entidades de representación indirecta como las Diputaciones Provinciales. Además, el Consejo recordó que las competencias de las Diputaciones son «funcionales», de asistencia a los municipios, y no «materiales», como las de los Ayuntamientos, que gestionan «intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población». A pesar de ello, hace apenas unos días esta Ley ha sido aprobada en el Congreso y va camino de la cámara del Senado.
Entre los cambios aprobados están la eliminación de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal como caseríos, parroquias, aldeas, barrios, concejos o pedanías, entidades estas que facilitaban la gestión directa por parte de los vecinos y no suponían gasto económico alguno dado que no se contaban con cargos remunerados. También se reducen las competencias propias de los ayuntamientos, así como las competencias delegadas que se ejercerán de acuerdo a criterios y costes estándar. Se establecen criterios económicos (como la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera) para poder cubrir aquellas competencias que no estén delimitadas en la nueva ley y quieran ser cubiertas.
¿Cómo van a asegurar que las necesidades sociales, cada día mayores en la situación de emergencia social en la que nos encontramos, van a ser cubiertas? ¿Qué pasará con la ejecución de la Ley de Dependencia o los programas de apoyo al empleo? ¿Quién va a responsabilizarse ahora de cuidar, proteger y gestionar nuestro patrimonio natural más allá de los espacios urbanos? ¿Son las Diputaciones y Autonomías, más alejadas de las realidades locales y entidades propias de cada comarca, las que pueden gestionar mejor estas competencias?
En esta ley se pone más énfasis en deslindar las competencias municipales, en pro de eliminar las duplicidades, que en asegurarse de que las necesidades de la población sean cubiertas. No se recogen medidas que faciliten la participación ciudadana, sino todo lo contrario al distanciar aún más a las entidades administrativas de la vecindad, otorgando mayor poder a instituciones históricamente menos democráticas. No se recogen medidas que fortalezcan las administraciones locales existentes, sino que bajo criterios estrictamente económicos se facilita la supresión de algunas y se abren las puertas para nuevas privatizaciones en la gestión de servicios básicos en las ciudades y pequeñas localidades.
Somos numerosas entidades y agrupaciones las que nos mostramos muy críticas con esta Ley, la cual supone un ataque directo a las instituciones municipales, las más cercanas a la realidad social, así como un retroceso en los derechos de la ciudadanía (como la educación infantil, la atención a personas mayores, migrantes y/o dependientes…). Hoy, 30 de octubre, queremos mostrar en la calle nuestro malestar y desacuerdo por esta nueva Ley, que antepone los principios de eficiencia económica frente a los derechos sociales.
En la siguiente tabla podemos ver la modificación de competencias previstas en la reforma de la ley de administración local
Tamaño del municipio (habitantes) |
Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local. Última modificación 5 de marzo de 2011 |
Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local octubre de 2013 |
< 5,000 |
· alumbrado público · cementerio, · recogida de residuos, · limpieza viaria · abastecimiento domiciliario de agua potable · alcantarillado · acceso a núcleos de población · pavimentación de las vías públicas · control de alimentos y bebidas |
· alumbrado público · cementerio, · recogida de residuos, · limpieza viaria · abastecimiento domiciliario de agua potable · alcantarillado · acceso a núcleos de población · pavimentación de las vías públicas |
> 5,000 |
· parque público · biblioteca pública · mercado · tratamiento de residuos |
· parque público · biblioteca pública · mercado · tratamiento de residuos |
> 20,000 |
· protección civil, · prestación de servicios sociales · prevención y extinción de incendios · instalaciones deportivas de uso público |
· protección civil, · evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social · prevención y extinción de incendios · instalaciones deportivas de uso público |
>50,000 |
· Transporte colectivo urbano de viajeros · protección del medio ambiente |
· Transporte colectivo urbano de viajeros · protección del medio ambiente urbano |
Fuente: elaboración propia. A partir de documento Comparativa LBRL con la PLRSAL realizado por el SEAL 16/09/2013